El sector agropecuario está sufriendo la peor sequía de los últimos 50 años. Hemos visto imágenes escalofriantes, descripciones patéticas y números que alarman. Las pérdidas oscilan alrededor de los 7 mil millones de dólares según como se proyecten. 500 mil cabezas de ganado muertas, 20 millones de toneladas menos de granos tienen un impacto muy fuerte en la economía del interior que pone en peligro más de 150 mil puestos de trabajo del sector metal mecánico y va a afectar al sector transportista en un millón de viajes menos de camiones.
La seca agudizó todas y cada una de las falencias de la política agraria oficial signada por una continuidad ininterrumpida de la de Menem y Cavallo. En discurso oficial que transmiten encumbrados voceros, como el Diputado Carlos Kunkel nos indicaron que deberíamos irle a rezar al Cardenal Bergoglio porque ellos no eran responsables de la sequía, situación que bajo ningún punto de vista es así. El cambio climático que produce sus efectos en cada región de nuestro país, con sequías, con inundaciones, aludes o deshielos, es consecuencia, entre otros, el alto índice de deforestación de bosques nativos en todo el planeta, pero que aquí, en la Argentina, se ha visto particularmente incrementado durante los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner, habilitando a pools y megagrupos, a la conversión de esos territorios en tierra para cultivo.
Pensemos:
1.- En lo que va del quinquenio del gobierno kirchnerista, se llevan desforestadas aproximadamente dos millones de hectáreas, sin contemplar el bosque considerado degradado. El Congreso de la Nación sancionó en noviembre de 2007 Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, conocida como Ley Bonasso, pero el Poder Ejecutivo aún no la ha reglamentado boicoteando su implementación y entregándole un pase libre a mega productores y pools de siembra que, con la connivencia de gobiernos provinciales y autoridades nacionales, continúan obteniendo autorizaciones de desmonte como nunca antes y en una carrera contra la implementación de la ley que pone en tela de juicio y evidencia todo el discurso oficial en torno a las políticas ambientales y de defensa de los pequeños y medianos productores.
2.- La política oficial de superávit fiscal fue la principal aliada de la expansión de la frontera agrícola y del proceso de sojización, hacia territorios que no son aptos para la siembra de la oleaginosa. Mientras crecía la voracidad del gobierno por esquilmar a pequeños y medianos productores sin diferenciarlos de los grandes, miraban para otro lado cuando organizaciones sociales denunciaban que se talaban miles de hectáreas sin ningún tipo de control. Hemos sostenido durante todo el conflicto agrario que no había que equiparar la siembra de soja en sí misma con un delito, y que miles y miles de pequeños y medianos productores sembraban soja; sin embargo, no es lo mismo sembrar donde se debe y como se debe, que trasladar modelos productivos a zonas no aptas, no sólo para el medio ambiente sino para el conjunto de las sociedad. Una cosa es producir y otra muy distinta es depredar.
3.- El estado debe regular sobre la base de las necesidades del conjunto de la sociedad, qué cultivos y qué actividades y dónde se deben realizar, respetando el principio constitucional de desarrollo sustentable. Es necesario diseñar la producción desde un punto de vista social, ambiental, político y económico, priorizando la producción de alimentos y la democratización de la tierra y no, como lo ha sido hasta ahora, siendo el afán desmedido de lucro de grupos del sector privado y la voracidad fiscal del sector público, la medida y el tamaño de la producción, sea de la soja o de cualquier cultivo o actividad ganadera. Qué intereses le impiden, por ejemplo, al gobierno, prohibir la comercialización de soja u otros productos que provengan de zonas deforestadas (tal como se está haciendo en la Amazonia) o establecer líneas de crédito, precio sostén, oportunidades de comercialización, para que los agricultores tengan opciones para arriesgar en producciones sustentables y sostenibles. Esto es una decisión política que debe tomar el gobierno nacional.
4.- El drenaje de los humedales del norte santafesino durante la última década, es otro hecho mayúsculo desde el punto de vista ambiental cuya incidencia en los desequilibrios climáticos no puede ser soslayada. Trasladar modelos productivos de la pampa húmeda a otras zonas solo puede ser consecuencia de una pésima política estatal (reitero, solo existe una política recaudatoria, y padecemos una falta total de política agropecuaria y ambiental); permitir semejante despropósito no puede contar con el beneplácito de nadie, ni de los ciudadanos ni de los productores ni de las asociaciones que los representan. Que los agricultores no abandonen la lechería, la ganadería, la quinta, para pasarse a otras actividades más rentables como única opción a la desaparición, o que transformen humedales en zonas para agricultura en un intento desesperado por abandonar la pobreza o que grupos económicos altamente concentrados se apoderen de esas tierras trasvolando modelos productivos de la pampa húmeda. Eso no se consigue con retenciones a los granos indiscriminadas y confiscatorias, sino con un programa agropecuario integral, que incluya retenciones segmentadas (el que más tiene, más paga), ley de arrendamientos, precio mínimo sostén, plan para la lechería, ganadería, etc.
Como vemos, si se desforesta sin control, no hay ninguna política ambiental y se puede hacer cualquier cosa con la tierra y lo que se planta y cómo se planta, algo bastante que ver tiene el gobierno, que permite y alienta semejante política depredatoria de la naturaleza.
Defender a pequeños y medianos productores es defender también el hábitat donde viven junto a sus familias. Nosotros producimos donde vivimos; defender los árboles, los montes, las taperas que aún quedan en la pampa húmeda, es parte de la conciencia ambiental que productores y organizaciones debemos ayudar tambien a desarrollar, pero es un deber indelegable del Estado, reglamentar, prohibir e intervenir por el bien común y no solo cuando necesita lograr superávit fiscal, que la oleaginosa le genera y cuyo destino final es pagar deuda externa o disciplinar intendentes y gobernadores dóciles.
Pedro Peretti
Director Federación Agraria Argentina
Secretario de Relaciones Internacionales
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